Desde el Ayuntamiento se ha emitido un comunicado «ante las declaraciones vertidas en distintos medios» por la ex alcaldesa para expresar el «máximo respeto a las decisiones judiciales», señalando que «fue el Ministerio Fiscal el que llevó a cabo la acusación» y que «el Consistorio se personó para defender los intereses vecinales»
El Ayuntamiento de Boecillo ha emitido este viernes un comunicado para salir al paso «ante las declaraciones de la exalcaldesa María Ángeles Rincón Bajo aparecidas en distintos medios de comunicación durante el pasado fin de semana». El Consistorio considera que, con sus palabras, la ex primera edil «pone en tela de juicio la actuación de este ayuntamiento en el procedimiento penal en el que ha resultado condenada a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público de carácter electivo y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el delito de prevaricación». Por ello, consideran que estas declaraciones «son ofensivas» para el Ayuntamiento y que «faltan a la verdad con la manifiesta intención de confundir a los vecinos de Boecillo».
En primer lugar, desde el Consistorio se ha expresado «el máximo respeto a las decisiones de los órganos judiciales». Así, recuerda que «fue el Ministerio Fiscal el que llevo a cabo la acusación principal del proceso en contra de la exalcaldesa al ver indicios delictivos en sus actos, tras la denuncia formulada por los partidos de la oposición».
«El Ayuntamiento de Boecillo se personó en el proceso judicial referenciado una vez iniciado el mismo, al considerarle la fiscalía que era posible perjudicado, y tras informar la propia Audiencia Provincial al Ayuntamiento de Boecillo de que éste estaba siendo representado por el mismo abogado que la denunciada. Como en otras ocasiones, el Ayuntamiento debe velar por los intereses de todos sus vecinos», explican desde el Consistorio.
«De no haberse personado para la defensa de los intereses del Ayuntamiento de Boecillo y por lo tanto, de todos los vecinos y vecinas de Boecillo, se habría incurrido en una omisión o apartamiento en ese momento del procedimiento penal en curso, pudiendo entenderse como una dejación de funciones y de la defensa de los intereses del propio Ayuntamiento y del conjunto de los ciudadanos del municipio, lo que podría ser constitutivo de delito según el artículo 78 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local y del propio Código Penal en sus artículos 252, 408, 412 y 432», exponen desde la institución.
«De la sentencia condenatoria a nueve años de inhabitación para empleo o cargo público se puede sacar la conclusión de que no se trataba de una campaña de desprestigio, sino de hechos delictivos por parte de la acusada», añade en su expositivo el Ayuntamiento. «La sentencia en primera instancia dicta el pago de una décima parte de las costas (incluyendo gastos del Ayuntamiento) a la condenada María Ángeles Rincón Bajo, declarándose el resto de las costas de oficio. En la apelación en la que se confirma íntegramente los nueve años de inhabilitación se la condena a la totalidad de las costas», apostillan.
El Ayuntamiento de Boecillo también ha recordado que el Consistorio «no ha sido condenado en costas en ninguno de los dos procesos», mientras que «se reserva el ejercicio de acciones legales que procedan para velar por el interés público de nuestro municipio».
