La moción se debatirá en el pleno de marzo y está dirigida al apoyo del sistema de depósito, devolución y retorno de envases
El Grupo Municipal Izquierda Unida-Podemos presentará al pleno ordinario de marzo -el cual se celebrará el próximo martes 30- una moción con el objetivo de que el Ayuntamiento cuente con un marco legal que permita cumplir las exigencias que en materia de gestión de residuos son trasladadas desde la UE a los países miembros. Se trata, según señalan, de unas normas «de obligado cumplimiento, que persiguen el compromiso municipal con el reciclaje y la reducción de residuos». Esta moción se presenta, en concreto, en apoyo al Sistema de Depósito, Devolución y Retorno de envases.
“Desde el Grupo Municipal Izquierda Unida-Podemos propondremos al pleno que afiance el compromiso de este municipio de desarrollar actuaciones encaminadas a reducir los residuos, maximizar su recuperación, y sensibilizar a la población y a los agentes comerciales y económicos para contribuir a estos objetivos de prevención de la contaminación, de evitar el agotamiento de recursos y el cambio climático, potenciando una distribución y un consumo responsables”, han señalado desde el grupo municipal, que confía en que el Ayuntamiento contraiga el compromiso de crear un grupo de estudio y trabajo participado de agentes sociales, grupos interesados y ciudadanía para generar propuestas que mejoren la gestión de los residuos urbanos.
Desde el grupo político municipal consideran que la nueva Ley de Residuos «debe, entre otras cosas, transponer las recomendaciones que se indican desde Europa y subsanar los defectos que tiene las leyes actuales».
También han anunciado que instarán al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y al Congreso de los Diputados, así como al departamento encargado de Medio Ambiente del Gobierno autonómico que, en uso de sus competencias, incluyan dentro de la normativa estatal y autonómica respectivamente, como sistema general para los envases, el sistema de retorno (SDDR), y a que definan en sus normativas la obligatoriedad de separar los residuos en origen, como única alternativa real a una gestión de residuos adecuada, sobre todo en lo referente a materia orgánica, tal como solicita la UE.
