Las administraciones compartirán la responsabilidad del fallecimiento de la joven lagunera en la playa de Las Catedrales en 2018 e indemnizarán a la familia con 90.000 euros
Después de ocho años de espera y «una lucha tremenda», la lagunera Irene Baladrón por fin va a tener justicia. La Audiencia Nacional ha dictado sentencia en el caso de la joven lagunera que falleció el 31 de marzo de 2018 en la playa de Las Catedrales tras el desprendimiento de una roca, condenando a la Xunta de Galicia, al Ayuntamiento de Ribadeo y al Ministerio para la Transición Ecológica como responsables de la muerte de Irene -por tener la potestad patrimonial del lugar del suceso-, imponiéndoles una indemnización de 90.000 euros a dividir entre las tres administraciones.
Según ha explicado el abogado de la familia, Santiago Díez, la estrategia judicial de ir contra las tres administraciones «ha sido la correcta, ya que todas tuvieron la culpa del fallecimiento de la joven». Y es que el fallo refleja que «hubo una omisión de las medidas de seguridad necesarias en un paraje natural de gran afluencia turística». Asimismo, la sentencia también condena a las aseguradoras Mapfre y Seguros, Reaseguros y XL Insurance Company como responsables del contrato de seguro con una franquicia de 6.000 euros.
Cuando ocurrieron los hechos, Irene Baladrón estaba de viaje durante las vacaciones de Semana Santa y, mientras visitaba una de las cuevas de este monumento junto a su pareja, una roca se desprendió de la bóveda y le impactó en la cabeza, provocando su muerte.
Ese mismo día se habían producido también dos desprendimientos más en cuevas cercanas, por lo que, tal y como se especifica en el fallo, «el riesgo era conocido». Sin embargo, «el personal no adoptó ninguna medida de seguridad ni reportó a los superiores las incidencias, priorizando la entrada de personas ante el gran flujo de visitantes», lo que demuestra, según el tribunal, que «no había instrucción suficiente sobre cómo actuar ni un plan para casos de riesgo».
Durante estos ocho años, la familia de Irene ha agotado todas las vías para que «la justicia reconociera la falta de medidas de seguridad y su responsabilidad». Tras pasar por la vía penal sin resultados, el procedimiento contenciosos-administrativo por fin les ha dado la razón, señalando la parte de culpa de cada una de las instituciones.
En este sentido, el Ayuntamiento de Ribadeo es responsable por ser «el encargado de la seguridad en los lugares públicos», la Xunta de Galicia por declarar la playa como ‘monumento natural’ y aprobar un plan para su conservación y control de afluencia, «asumiendo así competencias directas sobre los visitantes», y el Gobierno Central por tener la competencia del dominio público marítimo-terrestre. Y aunque también se atribuye parte de culpa a Irene por acceder a un lugar con riesgo, no se exime a las administraciones, afirmando el fallo que «colocar carteles alertando de desprendimientos no es una medida de prevención suficiente».
Según expresa el abogado de la familia, «esta victoria es el final de una batalla judicial que se ha cerrado de forma contundente y que pone fin a ocho años de mucho sufrimiento a todos los niveles».
