El pleno aprobó una moción de IU-Podemos a través de la cuál se trasladará también a la Junta y a la FEMP la necesidad de fomentar mecanismos para que estas propiedades pueden ser destinadas a alquiler social
El pleno ordinario del mes de mayo del Ayuntamiento de Laguna de Duero acogió este martes un debate sobre la vivienda pública en el municipio. El grupo municipal IU-Podemos presentaba una moción en la que defendía la «necesidad» de fomentar el parque de vivienda pública en Laguna y especialmente la destinada a alquiler social. En concreto, hacían referencia a que las 43 viviendas y las 107 parcelas registradas en la localidad a nombre de la Sareb pudieran tener una «gestión social» en este sentido, pasando a ser de gestión municipal.
El grupo municipal, crítico con la “negligente actuación” en la gestión de la Sareb por parte del Gobierno, argumentó que el parque de vivienda del que es propietaria esta sociedad debe pasar a formar parte del parque de vivienda pública del municipio a fin de “garantizar el derecho al acceso a la vivienda” de los laguneros. “Si la Sareb se convierte en una sociedad pública, las viviendas de su propiedad también deberían serlo,” sentenciaron desde IU-Podemos.
«Mientras amplios sectores de población tienen serias dificultades para acceder a una vivienda digna a un precio asequible para su renta, el conocido como ‘banco malo’ tiene en propiedad actualmente más de 120.000 viviendas en toda España», apuntaba IU-Podemos en el texto de la moción. «Especial importancia tiene en este marco la disponibilidad de suelo. Aprovechar estos activos supone aumentar y consolidar un parque público de vivienda en alquiler en el municipio», señalaron.
Afirmaron desde IU-Podemos que, según se desprende de las memorias más recientes del Centro de Acción Social (CEAS), «existe en Laguna de Duero una necesidad manifiesta de incrementar la oferta de vivienda en alquiler social. Solo en el año de 2020 se tramitaron 54 ayudas de emergencia de carácter económico destinadas al pago del alquiler de la vivienda y 16 ayudas de emergencia destinadas al pago de hipotecas. Estas cifras dan una idea de la necesidad de este tipo de vivienda en Laguna de Duero».
El grupo municipal, por tanto, propuso entre sus puntos que desde el Ayuntamiento se inste al Gobierno de España «a procurar la gestión social del parque de viviendas de la Sareb, integrándolas en el parque público de viviendas a fin de garantizar el acceso». También que el Consistorio inste a la FEMP «a fomentar el mecanismo para la cesión de viviendas de la Sareb con el fin de que las corporaciones locales puedan gestionar las viviendas y destinarlas a su parque de vivienda en alquiler social». En un tercer punto, propusieron que se inste además tanto al Gobierno de España como a la Junta a realizar las gestiones necesarias con la Sareb para que el suelo urbanizable que esta posee tenga un fin como suelo para vivienda pública destinada a alquiler social».
Finalmente estos fueron los tres puntos aprobados gracias a los votos a favor de Independientes por Laguna, PSOE e IU-Podemos, y con los votos en contra de PP, Ciudadanos y Vox. Desde IL se pidió, eso sí, eliminar algunos puntos de la moción, los cuáles proponían la creación de «políticas locales para aumentar considerablemente el IBI sobre las viviendas vacías propiedad de grandes tenedores que permanezcan cerradas por un periodo de tiempo superior a dos años» o la adoptación del compromiso de «reservar un 30% de nuevas promociones urbanísticas del municipio a vivienda protegida, y de este porcentaje, un 15% a viviendas de alquiler social». El portavoz de IL, Juan Carlos Rodríguez, pidió la retirada de estos dos puntos -la cuál fue aceptada por IU-Podemos- argumentando «la dificultad que entrañan para la gestión desde el Ayuntamiento», y considerando que «no es el momento de afrontar estas cuestiones».
Desde el grupo popular, Avelino Álvarez señaló que «existen malas experiencias a la hora de fomentar alquiler social y acabar creando guetos, y se mostró contrario a la subida impositiva para los grandes tenedores, teniendo en cuenta que «hay gente cuya manera de inversión está en la vivienda, y hay que medir muy bien el sacrificio». Desde Ciudadanos, Tomás Álvarez destacó «el elevado coste que supondría para el Ayuntamiento de Laguna la gestión y el desarrollo de estas 43 viviendas y 107 parcelas», y reiteró que «a un promotor privado no se le puede pedir que haga porcentajes para alquiler». Álvarez señaló, eso sí, que desde el gobierno local «ya se está estudiando la opción de crear vivienda de alquiler social».
El grupo municipal socialista se mostró de acuerdo con la propuesta con la salvedad de los puntos que finalmente fueron retirados, y que suscitaron dudas en el PSOE, que consideraba que la competencia de vivienda y suelo corresponde a la Junta y no a los Ayuntamientos. Desde Vox se mostraron muy críticos con la propuesta a nivel general, afirmando que «se pide la estatalización de los activos, lo cual supondría un roto en la sostenibilidad financiera del Estado».
