El PSOE responsabiliza al gobierno local de «las consecuencias económicas y legales» para el Consistorio «provocadas por una nefasta gestión», mientras que el equipo de gobierno defiende que simplemente se han abonado unas cuantías que de por sí se estaban retrasando, sin que conlleven perjuicios para el Ayuntamiento.
El pleno extraordinario celebrado el pasado viernes incluyó, entre otros asuntos, la votación del levantamiento del reparo suspensivo señalado por el departamento de intervención del Ayuntamiento a fin de que el Consistorio hiciera efectivo el pago de dos facturas a la empresa responsable de las obras de eficiencia energética de los colegios de La Laguna y Miguel Hernández del curso pasado. Esta votación se llevó a cabo de manera individual a solicitud del grupo socialista de Laguna de Duero, que considera que «la gestión económica» de este asunto puede tener «consecuencias legales», además de «económicas», para el Consistorio.
En concreto, los socialistas criticaron la gestión municipal como «nefasta en lo económico», incidiendo en que existían tres informes negativos consecutivos, desde intervención, para el pago de estas dos facturas, ya que se estimaba «que las sanciones establecidas en los expedientes de penalidades contra la empresa, por unos importes mínimos de 1.706,40 euros y 2.109,24 euros respectivamente (para un total de 3.815,64 euros), no son acordes al perjuicio causado a las arcas municipales por los retrasos en las obras, la falta de justificación en fecha y por tanto el incumplimiento de las bases de la subvención». Estos perjuicios, según el PSOE, estarían cuantificados en un total de 135.792,49 euros «dejados de ingresar por este Ayuntamiento de las subvenciones concedidas».
La votación supuso la apertura de un debate en el que, además del PSOE, los grupos Vox e IU-Podemos se mostraron críticos con esta gestión. Como resultado, los ediles de Vox y PSOE votaron en contra de este punto y los de IU-Podemos se abstuvieron, mientras que los de Independientes por Laguna, PP y Ciudadanos votaron a favor.
Frente a las críticas vertidas, el portavoz de IL, Juan Carlos Rodríguez, apuntó que la oposición «está mezclando un expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito de unas facturas que se presentaron en fecha en su momento con otros asuntos que no tienen nada que ver, como el expediente de penalizaciones o con la ejecución del contrato». «Estas facturas fueron devueltas por otras causas, y ya tenían que haberse pagado el pasado mes de noviembre a la empresa, que es la perjudicada después de tantos meses», señaló Rodríguez, quien insiste en que «la ejecución de la obra aún no está finalizada, y será en ese momento cuando podremos pedir las correspondientes responsabilidades a la empresa, que deberá justificar en su momento por qué hubo retraso, qué carencias tenían y por qué».
«Mientras tanto, este pago es completamente independiente, cada cosa lleva sus trámites y cada expediente se tramita en su momento». Rodríguez insiste en que «estas facturas en ningún caso intervienen en el asunto de la subvención de las obras, y su perjuicio al Ayuntamiento, por tanto, es nulo». «Tal vez desde el PSOE conocen los problemas que ha existido en este proyecto original, ya que ellos mismos eran responsables de la concejalía de Urbanismo en el momento de plantearlo, cuando tenían un edil con dedicación exclusiva. Que ahora mismo ellos mismos critiquen esta mala gestión se les puede volver en contra, ya que tenían mucha responsabilidad», añade.
Gestión del área de personal
Los socialistas también criticaron la gestión en el área de personal, denunciando » el incumplimiento de pago en fecha de los Seguros Sociales municipales de junio, el cual ha sido sancionado por la Tesorería General de Seguridad Social con un importe adicional de 20.557,57 euros de recargo e intereses a cuenta de todos los ciudadanos».
En este punto, Juan Carlos Rodríguez, a la sazón concejal de Régimen Interno, explicó que «en este caso particular ha existido un problema que no se podía prever, ya que se debió una baja de larga duración, y pese a que desde el primer día se comunicó para la sustitución del trabajador, la Seguridad Social activó los mecanismos de recobro». «Estamos intentando tomar medidas para solventar esta situación definitivamente», concluyó.
El PSOE insistió en que, en el pasado pleno de agosto, además, «se votó la ejecución de la sentencia que anula el convenio colectivo del personal laboral del Ayuntamiento. Este acto culmina, por el momento, toda una serie de sentencias desfavorables referidas al departamento de personal de este Consistorio, como la anulación de la convocatoria de la provisión de plazas de la Policía Municipal o la del pacto de los funcionarios». «Todas estas sentencias suponen un perjuicio importante para la institución, los ciudadanos y los empleados de la casa, que se traducen en dificultades para nombramientos y sustituciones de jefes de servicio, adjudicaciones de nuevas plazas imprescindibles en el municipio y situación precaria de muchos de los trabajadores municipales», apuntan.
Con respecto a este asunto, Rodríguez argumenta que Recursos Humanos «es una de las áreas con más litigiosidad por razones obvias, y en los expedientes del la RPT y el pacto de los funcionarios ha habido mucho trabajo detrás. Por determinadas circunstancias han acabado en los tribunales, a través de la abogacía del estado». «Hay algunas cosas que salvamos y otras que no, y que hay que reconducir, que es lo que estamos haciendo, con la representación social y política, con la que había un amplio acuerdo», concluye Rodríguez, quien insiste en que «en ningún caso estas sentencias suponen un perjuicio para las arcas municipales, cosa que sí se ha producido con las contribuciones especiales, un asunto en el que habría que ver quién asume la responsabilidad de esos expedientes».
