El grupo socialista plantea hacer un estudio técnico y elaborar un plan de implantación progresiva con los que «reforzar la seguridad sanitaria del suministro del agua»
El Grupo Municipal Socialista ya tiene preparadas sus propuestas para plantear al pleno del Ayuntamiento de Laguna en el pleno ordinario de abril, que se celebra este martes, y en este sentido presentará una moción para instar al equipo de gobierno a implantar la certificación ISO 22000 en la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) y en el sistema de almacenamiento y distribución del agua potable del municipio.
La formación explica que la norma ISO 22000 constituye «un estándar internacional de referencia en materia de gestión de la seguridad alimentaria, aplicable al agua de consumo humano como alimento esencial. Esta norma integra principios como el análisis de peligros y puntos de control crítico (APPCC), la gestión de riesgos, la trazabilidad y la mejora continua, garantizando un enfoque preventivo y sistemático».
Por ello, afirman que su implantación en Laguna permitirá reforzar la seguridad sanitaria del agua suministrada a la población, garantizar un control exhaustivo de los riesgos en todas las fases del proceso, mejorar la eficiencia operativa y la capacidad de respuesta ante incidencias, incrementar la transparencia y la confianza de la ciudadanía, alinear la gestión municipal con estándares internacionales de calidad, anticiparse a futuras exigencias regulatorias europeas y nacionales, además de «posicionar a Laguna de Duero como un referente en sostenibilidad y gestión responsable del agua».
En este contexto, plantearán al pleno la posibilidad de realizar un estudio técnico, organizativo y económico para la implantación de un sistema de gestión de la seguridad del agua conforme a la norma ISO 22000, así como de elaborar un plan de implantación progresiva que incluya «diagnóstico inicial de las instalaciones y procedimientos existentes, identificación de peligros y evaluación de riesgos en todo el sistema, definición de puntos de control crítico y medidas preventivas, implantación de protocolos de vigilancia, control y verificación, y formación específica del personal técnico y operativo», además de dotar de los recursos necesarios -económicos, técnicos y humanos-para garantizar la correcta implementación del sistema.
Y es que según concluyen, «el acceso a agua potable segura y de calidad es un derecho básico y un pilar fundamental para la salud pública, el bienestar social y el desarrollo sostenible de cualquier municipio».
