La formación ha presentado una serie de propuestas de modificación a la tasa aprobada inicialmente el mes pasado para «garantizar una tasa justa y progresiva, que contemple las bonificaciones necesarias y que sirva para avanzar hacia un municipio más sostenible»
El Grupo Municipal Izquierda Unida-Podemos ha informado de que ha registrado una serie de reclamaciones a la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de residuos sólidos urbanos, aprobada inicialmente el pasado 24 de septiembre y que se encuentra actualmente en período de exposición pública. De esta forma, afirman, solicitan «modificar sustancialmente la estructura de la tasa, que se empezará a cobrar a partir del 2025, para revertir su carácter regresivo, rebajar los costes del servicio y establecer incentivos para que la ciudadanía adopte hábitos respetuosos con el Medio Ambiente y la salud de las personas».
Desde IU-Podemos tachan de «injustificada y excesiva» la brecha entre la tasa media que pagarán los hogares laguneros y la media nacional. «Según un informe reciente del Observatorio de la Fiscalidad de los Residuos de la Fundación ENT, la tasa media de los municipios españoles a nivel nacional se situará en 92,80€ -la de Valladolid siendo de 70,87€- mientras que en Laguna de Duero el importe medio por vivienda será de 135€», apuntan en este sentido. «La diferencia entre lo que pagaremos en Laguna y lo que pagarán en otros municipios de nuestro entorno es abismal», afirman desde IU-Podemos, apuntando que «urge tomar medidas para rebajar la factura global del servicio de gestión de basuras a los vecinos y vecinas».
En esta línea, IU-Podemos asegura que «la cuota variable que pagarán las actividades comerciales no es proporcional al volumen de residuos que generan y plantea cambios en la manera de calcular la cuota establecida para las diferentes actividades económicas para que “esta tasa no se haga recaer de forma desproporcionada en las familias».
Para la formación de izquierdas, la ordenanza aprobada inicialmente «no fomenta una reducción en la generación de residuos», por lo que, argumenta, «no cumple uno de los principales objetivos de la legislación nacional y europea de la que nace, con el principio de que quien más contamina, más paga». «Independientemente de la gestión de los residuos que realice, el ciudadano va a pagar lo mismo. Con esta ordenanza no existe ninguna vinculación entre lo que pagas y si generas más o menos residuos. Al no existir esta relación, no se crea un incentivo económico para que el usuario genere una menor cantidad de residuos, que es precisamente lo que se pretendía con esta legislación», exponen.
Desde IU-Podemos se propone «que la cuota variable de la tasa se calcule en función del consumo de agua contabilizado en cada vivienda». Defienden, así, que esta estructura tarifaria «permitiría al Ayuntamiento ajustar la tasa para premiar un correcto uso del sistema de gestión de basuras». «Para que esta tasa fomente una conducta cívica y no tenga un carácter regresivo, es necesario que se introduzca en el cálculo de la tasa un criterio que dé información sobre el comportamiento del contribuyente y guarde relación con su huella ecológica», apostillan.
«Otro de los defectos de la ordenanza que pretende implantar el equipo de gobierno es que no contempla mecanismos para fomentar prácticas sostenibles relacionadas con la reducción de residuos o su correcta gestión», afirman, por lo que piden «que se establezcan bonificaciones en la tasa para los hogares que practiquen compostaje, hagan uso del punto limpio, participen en actividades de economía circular o se apunten para recibir formación en la correcta gestión de los residuos domésticos». También proponen «bonificar hasta el 75% de la parte variable de la cuota a hogares cuya renta familiar no supere dos veces el IPREM». La formación rechaza las declaraciones en prensa del equipo de gobierno que, afirma, «pretende responsabilizar al Gobierno de España o a la Unión Europea de una ordenanza mal hecha». «El Gobierno de España no tiene la culpa de que el equipo de gobierno haya aprobado sobre el límite una ordenanza regresiva e incompleta cuando ha tenido tiempo más que suficiente para redactar una ordenanza justa», concluyen en su expositivo.
