A la cita acudieron representantes de la formación de diferentes municipios, entre los que se encontraban las laguneras Eva Diez y Susana Prieto
Izquierda Unida Valladolid mostró su firme rechazo este lunes al proyecto de planta de biogás promovido junto a Granja Conchita, en el entorno municipal de La Cistérniga, una instalación que, según indican desde la formación, «no solo pretende generar energía a partir de los residuos de la propia explotación ganadera, sino que contempla la recepción diaria de cientos de toneladas de residuos procedentes de otros territorios».
A la cita acudieron cargos públicos y militantes de Izquierda Unida de diferentes municipios de la provincia, dando lugar a una concentración celebrada en La Cistérniga para expresar su oposición a un proyecto que «está generando una creciente preocupación entre la ciudadanía de las localidades próximas a la futura instalación». La movilización contó con la asistencia de los concejales y concejalas de IU de La Cistérniga, Marcos Díez y Juan Carlos Cabo; de Laguna de Duero, Eva Díez y Susana Prieto; y de Tudela y Herrera de Duero, Julio Pereda, además de los coordinadores provincial y autonómico de la organización, Juan Francisco Rodríguez y Juan Gascón.
Desde Izquierda Unida se denuncia que «la Junta de Castilla y León está favoreciendo la proliferación de macroplantas de biogás sin una planificación adecuada y sin evaluar suficientemente sus impactos sobre el territorio». Consideran además que este tipo de proyectos «amenazan el equilibrio ambiental, perjudican el bienestar de las poblaciones afectadas y dificultan un modelo de desarrollo sostenible para el medio rural».
Insisten en que no se oponen a las energías renovables ni a una gestión responsable de los residuos, sino que defienden «una transición ecológica justa, planificada y respetuosa con los territorios». En esta línea, rechazan proyectos sobredimensionados que convierten a los municipios de Castilla y León en lo que consideran «receptores de residuos procedentes de otros lugares que trasladan al medio rural los impactos ambientales y sociales de actividades destinadas a abastecer las necesidades energéticas de grandes núcleos urbanos de otras comunidades autónomas».
El coordinador provincial de Izquierda Unida, Juan Francisco Rodríguez, señaló que “la producción de gas deja de ser ‘bio’ en el momento en el que los residuos han de ser transportados a cientos de kilómetros, consumiendo para ello más energía de la que finalmente se genera, contaminando con combustibles fósiles y poniendo en riesgo a la población de los municipios próximos a la planta”.
Por su parte, el coordinador autonómico, Juan Gascón, reclamó al gobierno autonómico «una regulación específica para el sector que impida la expansión descontrolada de este tipo de instalaciones». Según manifestó, «es necesario establecer criterios ambientales y de sostenibilidad que eviten la implantación de proyectos incompatibles con el territorio y contribuyan a vaciar los pueblos, al deteriorar las condiciones de vida de quienes residen en sus inmediaciones».
El concejal de IU en Tudela y Herrera de Duero y diputado provincial, Julio Pereda, recordó además que ya en noviembre se presentó una moción en el Pleno de Tudela de Duero para modificar el Plan General de Ordenación Urbana e impedir la instalación de macroplantas de biogás en el término municipal, así como para instar a los municipios limítrofes a adoptar medidas similares. Pereda lamentó que ninguna de las fuerzas políticas representadas en la corporación municipal respaldara aquella iniciativa, «que podría haber supuesto un paso importante para frenar un proyecto que hoy suscita una amplia inquietud social, especialmente entre la población de Herrera de Duero».
Por su parte, el concejal de Izquierda Unida en La Cistérniga, Marcos Díez, mostró su preocupación por la ubicación elegida para la instalación. “No estamos dispuestos a consentir que la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas se vea afectada por los olores, el incremento del tráfico pesado, el riesgo de accidentes o posibles vertidos asociados a una macroplanta de estas características”, afirmó. Además, advirtió de que el proyecto se plantea en una zona inundable próxima al río Duero, lo que, a su juicio, hace inviable su construcción. “Estamos hablando de una instalación proyectada en una zona inundable. Una crecida importante del Duero podría poner en serio peligro tanto la seguridad de la población como el entorno natural, por lo que esta ubicación resulta absolutamente incompatible con una infraestructura de estas características”, señaló.
Desde Laguna de Duero, la concejala de Izquierda Unida, Eva Diez, subrayó que la oposición al proyecto responde a la defensa de la salud y el bienestar de la ciudadanía. “No vamos a aceptar que nuestros municipios soporten las consecuencias de una instalación sobredimensionada que traerá residuos de otros territorios. Quienes vivimos aquí no tenemos por qué asumir los olores, el incremento del tráfico pesado ni los riesgos ambientales derivados de una actividad diseñada para dar servicio a intereses ajenos a nuestra comarca”. Díez insistió en que la transición ecológica «debe hacerse desde criterios de sostenibilidad y respeto a la población local, y no a costa de quienes viven en el entorno rural».
Izquierda Unida considera que el medio rural de Castilla y León «no puede convertirse en un territorio de sacrificio al servicio de intereses ajenos», y por ello reclaman «una planificación energética coherente con los principios de sostenibilidad, justicia territorial y participación ciudadana, y reitera su compromiso con la defensa de unos pueblos con futuro, habitables y capaces de desarrollar modelos económicos compatibles con la protección del entorno». «Castilla y León necesita inversiones que generen oportunidades y arraigo, no proyectos que conviertan nuestros municipios en receptores de residuos procedentes de otros territorios», manifiestan.
