El PSOE, IU-Podemos y XLD consideran que ambos expedientes abordan «infracciones urbanísticas calificadas como muy graves» que «se han gestionado con demora y ocultando información» y piden «la depuración de responsabilidades y transparencia total»
El pleno ordinario de agosto del Ayuntamiento de Laguna de Duero, celebrado este martes, se vio enturbiado por el cruce de acusaciones entre la oposición y el gobierno local a razón de la gestión de dos expedientes urbanísticos que afectan a un familiar directo del alcalde, Avelino Álvarez. Tras la sesión plenaria, los partidos de la oposición han emitido sendos comunicados para aclarar su postura sobre este caso, solicitando «transparencia total» al ejecutivo local en este asunto.
Por un lado, desde el grupo municipal socialista se habla de «grave opacidad y posible trato de favor», incidiendo en que el familiar del alcalde «está señalado por infracciones urbanísticas muy graves». Concretamente denuncian lo que consideran una «intolerable ocultación de información» en relación con estos dos expedientes, referentes a una parcela del polígono 10.
«La existencia de este expediente ha sido finalmente revelada en el marco de la dación de cuentas que ha tenido lugar en el Pleno de agosto. Sin embargo, esta revelación forzada no borra meses de silencio y opacidad administrativa. La documentación ahora expuesta confirma la existencia de edificaciones prefabricadas y cerramientos ilegales en suelo rústico de protección natural forestal, un espacio cuya preservación debería ser prioritaria para este Ayuntamiento. Lo más alarmante de esta situación no es solo la flagrante vulneración del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), sino el hecho de que el responsable de estas actuaciones es un familiar directo del actual alcalde», apuntan en su expositivo los socialistas.
«Es inaceptable que, durante todo este tiempo, el equipo de gobierno haya mantenido oculta esta información a la ciudadanía y a los grupos de la oposición. La tardanza en actuar y la presunta pasividad ante las denuncias presentadas, entre otras, por la asociación Ecologistas en Acción, sugieren un presunto trato de favor y una presunta connivencia por parte de la Alcaldía y la concejalía competente como es la de urbanismo, que presuntamente ha consentido que se mantuvieran estas instalaciones ilegales a sabiendas de que contravenían la normativa vigente», explican.
«La gravedad de los hechos, calificados técnicamente como ‘muy graves’ por el propio Ayuntamiento en su resolución, queda reflejada en la necesidad de ordenar la demolición de un zócalo de hormigón no autorizado y la retirada inmediata de las edificaciones que ocupan un suelo especialmente protegido. Resulta lamentable que los responsables públicos utilicen su posición para presuntamente retrasar la aplicación de la ley cuando los infractores pertenecen a su círculo más cercano, mientras que cualquier otro vecino de Laguna de Duero vería aplicado todo el peso de la sanción de manera inmediata», añaden los socialistas.
Ante estos hechos, el grupo municipal socialista exige, por tanto, la «depuración de responsabilidades», exigiendo «la asunción íntegra de responsabilidades políticas ante el presunto consentimiento tácito y la deliberada ocultación de estos hechos». «La gravedad de esta situación se ve acentuada por un evidente conflicto de intereses, el cual ha permitido prolongar en el tiempo una manifiesta ilegalidad urbanística en beneficio de un familiar directo. Un episodio de esta índole, que vulnera los principios de transparencia, legalidad y ejemplaridad institucional, constituye un motivo más que suficiente para que el alcalde presente su dimisión inmediata», apostillan.
También piden «transparencia absoluta», apelando a «que se ponga a disposición de la oposición el expediente completo (así como los expedientes relacionados con el asunto), al que aún no tenemos acceso, y que se aclaren los motivos de la demora en la tramitación del mismo y se den explicaciones de por qué no se dio cuenta del mismo en los foros correspondientes hasta verse forzados por la presión administrativa y de los agentes externos».
Además, solicitan el «cumplimiento estricto de la legalidad», incidiendo en «que se ejecute la resolución de restauración de la legalidad en los plazos fijados, sin más prórrogas injustificadas, y que se proceda de manera inmediata al cobro de la multa económica impuesta por la infracción urbanística cometida». «La transparencia no es opcional ni dependiente de quién sea el infractor. Laguna de Duero merece una gestión ejemplar, no un cortijo donde la ley se aplica según el apellido de quien la incumple», concluyen.
Por su parte, desde IU-Podemos, se ha emitido un comunicado señalando que «en democracia, un cargo público no puede convertirse en una herramienta para beneficiar el entorno familiar». «Debemos de defender algo tan básico como que las instituciones sean transparentes y que nadie pueda beneficiarse de sus relaciones políticas o familiares», explican desde el grupo municipal, desde donde afirman que llevan «desde marzo solicitando en varias ocasiones un expediente relacionado con las edificaciones urbanísticas ilegales, de tipología vivienda sin licencia, y a fecha de hoy, el equipo de gobierno sigue sin facilitárnoslo, saltándose así el Reglamento Orgánico Municipal art.14. otra ilegalidad. Curiosamente esa edificación es urbanísticas ilegales pertenecen a un familiar directo del Alcalde de Laguna de Duero».
«Este hecho ha salido a la luz tras la denuncia realizada por Ecologistas en Acción, y es preocupante que una actuación de estas características tenga que ser denunciada por una organización externa para que esto salga a la luz», consideran. Desde este grupo afirman «haber cuestionado en el Pleno la transparencia del Gobierno municipal, en concreto la de todos aquellos que sabiendo que existía una ilegalidad no han tomado medidas para subsanarla, como la aplicación estricta de la Ley».
En este sentido, consideran que estos hechos «se constatan en el informe del arquitecto del municipio con fecha 16/09/2025; el informe de ecologistas en acción 08/05/2025; el informe de la Policía Local y paralización 22/07/2025 y el informe de la Guardia Civil 15/05/2026». «No puede existir un rasero para el vecino de a pie y otro para quien tiene vínculos con familiares de quien gobierna»; apostillan.
«Ante un hecho tan grave, que la respuesta del Alcalde sea hablar de su ‘imparcialidad’, como dijo en el Pleno, es doblemente preocupante, debe de hacer su trabajo con independencia, pero la responsabilidad política, no puede desaparecer detrás de los informes técnicos. Por ello consideramos necesario que el Ayuntamiento, si realmente defiende la transparencia, facilite toda la información, que garantice la tramitación del expediente, que No nombre como Órgano Instructor del procedimiento, al concejal de medio ambiente de su propio partido y que adopte las medidas que legalmente le correspondan», añaden en su expositivo.
«Ahora el equipo de gobierno y, en concreto, el concejal de urbanismo, tienen la responsabilidad de demostrar con hechos, que en este Ayuntamiento no existen privilegios para los familiares de que quienes gobiernan, y que garantiza la transparencia y la igualdad de trato a todos los ciudadanos de este municipio», concluyen.
Por otra parte, desde Por Laguna de Duero, explican que en este último pleno se preguntó sobre la tramitación de estos expedientes urbanísticos «pidiendo aclarar por qué los procedimientos de restauración de la legalidad y sancionador no se iniciaron hasta el 7 de agosto de 2026, pese a existir desde meses antes informes técnicos sobre las actuaciones realizadas».
«Desde XLD quisimos dejar claro durante nuestra intervención que no estamos acusando al alcalde ni al Ayuntamiento de haber dispensado un trato de favor, ni responsabilizamos a nadie de las actuaciones de sus familiares, pero precisamente por tratarse de un familiar directo del alcalde, consideramos imprescindible que la actuación municipal sea especialmente transparente y permita despejar cualquier duda sobre la igualdad de trato respecto a cualquier otro vecino», explican.
«Nuestra preocupación parte exclusivamente de la cronología recogida en los propios decretos municipales 3585 y -3586. de 2026. La denuncia de Ecologistas en Acción se presentó el 8 de mayo de 2025 por la existencia de dos construcciones prefabricadas y un vallado en suelo rústico. El 22 de julio de 2025, la Policía Local inspeccionó la parcela y constató las actuaciones. Posteriormente, el 16 de septiembre de 2025, el arquitecto municipal emitió un informe en el que señalaba que las dos edificaciones presentaban tipología de vivienda, que no constaba licencia de obra, que se encontraban en suelo rústico de protección natural forestal y que constituían un uso prohibido e incompatible con el planeamiento, considerando necesaria su retirada para restaurar la legalidad», añaden, explicando que «tras el requerimiento municipal y las alegaciones presentadas por el interesado, el arquitecto volvió a pronunciarse el 25 de febrero de 2026, rechazando los argumentos planteados y reiterando la incompatibilidad de las construcciones con el planeamiento y la necesidad de retirarlas». «Además, en mayo intervino la Guardia Civil, cuya documentación constataba que los módulos continuaban en la parcela», apostillan.
Desde XLD explican que, por ello, en el pleno se preguntó «si desde el 25 de febrero existía ya un pronunciamiento técnico claro, ¿por qué hubo que esperar hasta el 7 de agosto para iniciar formalmente los procedimientos de restauración de la legalidad urbanística y sancionador? ¿Qué actuación técnica o administrativa impedía hacerlo antes?». «Somos conscientes de las dificultades que ha atravesado el área de Urbanismo como consecuencia de la jubilación del anterior arquitecto municipal y la posterior incorporación de otro técnico. Sin embargo, entendemos que esta circunstancia, por sí sola, no explica necesariamente la demora, puesto que los informes técnicos y requerimientos fundamentales ya habían sido emitidos», añaden.
«Los decretos de agosto acuerdan iniciar, por un lado, el procedimiento para la restauración de la legalidad, que contempla la retirada de las dos edificaciones prefabricadas y la demolición del zócalo de hormigón del cerramiento y, por otro, un procedimiento sancionador en el que los hechos aparecen calificados provisionalmente como infracción ‘muy grave’, sin perjuicio de lo que finalmente determine su instrucción. Se trata únicamente del inicio de los procedimientos administrativos. El interesado conserva plenamente su derecho a formular alegaciones, defender sus intereses y recurrir las resoluciones que correspondan. Será el procedimiento administrativo y, en su caso, los tribunales quienes determinen finalmente las responsabilidades existentes», exponen desde XLD.
«Por otra parte preguntamos por la abstención del alcalde. Los dos decretos están firmados por el concejal delegado de Urbanismo y el por el concejal de medio ambiente , no por el alcalde, algo que consideramos lógico al afectar los expedientes a un familiar directo. Por ello solicitamos conocer ¿desde qué fecha consta formalmente esa abstención del alcalde y mediante qué actuación o resolución se produjo?», plantean.
«Desde XLD insistimos en que no afirmamos que haya existido trato de favor. Lo que exigimos es que se explique con claridad la tramitación seguida y, especialmente, la demora entre los informes técnicos existentes y la incoación de los procedimientos. Cuando un expediente de esta gravedad afecta a un familiar directo del alcalde, la transparencia no puede ser menor, debe ser aún mayor. La mejor forma de evitar cualquier sospecha es explicar las fechas, las actuaciones realizadas y las razones de cada decisión administrativa con total transparencia por parte de todos», concluyen.
