Los socialistas recriminan que se haya cerrado el expediente de contratación «sin firmar un contrato y alargando así la ilegalidad de esta actividad» durante 14 meses
El Grupo Municipal Socialista de Laguna de Duero ha enviado este martes un comunicado de prensa con respecto a la que consideran «gestión ilegal» de la potabilizadora de agua, cuya empresa administradora, según afirman, «está llevando a cabo su actividad sin contrato desde hace 14 meses». Desde el grupo municipal afirman que, después de cinco meses de la presentación de una denuncia por su parte, «el expediente se ha cerrado sin firmar ningún contrato».
El pasado 2 de septiembre la agrupación socialistas emitió una nota de prensa donde aseguraba que «el equipo de Gobierno de nuestro Ayuntamiento no tiene ningún tipo de contrato con Aquona para la realización de los análisis periódicos y obligatorios que la legislación determina, incumpliendo la legalidad vigente con respecto a la contratación municipal y por ello pudiendo ser dichos análisis ilegales o no válidos».
Así, este martes han lanzado un nuevo texto en el que reiteran lo dicho en el primer escrito y subrayan que, en su momento, el equipo de gobierno abrió un expediente para gestionar la contratación del servicio -«confirmando que nuestra denuncia era tan cierta como su proceder ilegal y afirmando que la firma del contrato se había postergado a los últimos meses por motivos burocráticos»-, pero ese expediente se ha cerrado este lunes «sin que se haya firmado contrato alguno con la empresa y por tanto alargando la ilegalidad de las actividades que se realizan dentro de un recinto municipal».
En este sentido, los socialistas recriminan que a esa «prolongación de gestión dudosa» se suma «la falta de trasparencia en los controles y datos de los análisis que se realizan en la planta». «Nuestra solicitud de mayo de 2024 de accesos a los registros y análisis aún sigue sin respuesta, como tampoco ha tenido respuesta las posteriores solicitudes de otros partidos de la oposición», apuntan, y añaden que «los ciudadanos merecen conocer con exactitud y claridad la calidad del agua que se sirve en sus domicilios y esta falta de trasparencia no ayuda a su confianza».
