El pleno ha rechazado el requerimiento de anulación de acuerdos planteado por la abogacía del Estado, tras un debate en el que gobierno y oposición han vuelto a enfrentar posturas sobre la legalidad de la medida
El pleno ordinario de febrero del Ayuntamiento de Laguna de Duero, celebrado este martes, ha reabierto el debate sobre la adecuación retributiva aprobada el pasado mes de octubre, por la que el gobierno local planteaba «equiparar los salarios de funcionarios municipales y personal laboral de manera singular, excepcional y paulatina».
Dicha medida, enmarcada en el segundo Plan de Igualdad, y con la que se pretendía «mejorar las condiciones laborales, evitar desigualdades y fidelizar la plantilla», fue aprobada entonces con los votos a favor de PP, IL y VOX y el voto en contra de PSOE, IU-Podemos y Por Laguna de Duero, quienes consideraban que «la medida incumplía la Ley, tal y como señalaban los reparos de intervención y la secretaría municipal».
El motivo por el que esta adecuación retributiva ha vuelto a estar de actualidad ha sido que el Juzgado ha admitido a trámite un recurso contencioso administrativo presentado por la abogacía del Estado, a través de la delegación del Gobierno, en el que se denuncia la supuesta ilegalidad de la misma, lo que se ha materializado en un requerimiento de anulación de los acuerdos adoptados en el pleno del 7 de octubre. Dicho recurso está pendiente de resolución judicial, y ahora es el turno del Ayuntamiento de Laguna de Duero recopilar la documentación necesaria para justificar la legalidad de dicho acuerdo.
Con este objetivo, este martes el pleno ha sometido a votación considerar como «indebido» este requerimiento de anulación, una medida que ha sido votada a favor, tras su correspondiente debate, por parte del gobierno local -PP, IL y VOX- con el voto en contra de la oposición: PSOE, IU-Podemos y XLD.
Por parte del gobierno local, Virginia Arronte (VOX) responsable del Área de Régimen Interior, ha defendido «la legalidad de esta adecuación retributiva singular» aprobada en octubre, teniendo en cuenta que «fue un acuerdo de pleno derecho y acorde a la Ley, independientemente de las consideraciones que puedan hacerse del mismo». «Este expediente tiene su origen en el año 2006, y nace para resolver desigualdades salariales y retener capital humano en el Consistorio. Hemos aportado muchos fundamentos jurídicos, es un acuerdo que no supone un incremento salarial general ni tiene carácter retroactivo, pese a los informes que ha habido, preceptivos y no vinculantes», ha señalado Arronte.
Por parte del PP, Fernando Vara ha afirmado que «desde el equipo de gobierno apostamos por fidelizar a los trabajadores municipales, y aquí hay dos bloques, nosotros, que estamos dispuestos a mejorar las condiciones laborales del personal municipal, y otro que bloquea todas estas iniciativas cada vez que movemos un dedo y entorpecen todas nuestras actuaciones».
También por parte del ejecutivo local, Juan Carlos Rodríguez (IL) ha sido categórico al afirmar que «el escrito de la abogacía del Estado es infumable, dado que dice cosas totalmente falsas: sí que existe memoria económica, el incremento salarial es individualizado y pormenorizado, no es una medida retroactiva y desde luego sí que ha habido negociación». «Lo que no es normal es que todos estemos de acuerdo en que la plantilla se quede y a la primera medida paulatina algunos pongan el grito en el cielo y se desmarquen. Este gobierno sí está por la subida salarial para paliar las desigualdades que hay, mientras que otros están en contra de ello en cuanto tienen la menor ocasión», ha apostillado Rodríguez.
Por su parte, desde el grupo municipal socialista, Yolanda Lanza se ha mostrado crítica al señalar que «ya en octubre dijimos que este acuerdo era nulo de pleno derecho». «Estamos a favor de la adecuación de retribuciones y del incremento salarial, pero siempre desde la legalidad. Nosotros no podemos contradecir a una instancia superior que está más capacitada en materia legal, es al juez a quien deben dar todas sus explicaciones», ha manifestado Lanza.
Por parte de IU-Podemos, Eva Diez apuntó que «ya se lo advertimos en aquel pleno». «Estamos de acuerdo con la subida salarial pero hay que hacerlo de manera legal. Se lo han saltado todo a la torera, desoyendo a los habilitados del Estado, y ahora tenemos un contencioso administrativo que vamos a pagar los vecinos y trabajadores. Hay quienes hacemos las cosas bien y quienes las hacen de manera irregular», ha señalado Diez.
Gemma González, de Por Laguna de Duero, lamentó que «no es la primera vez que ocurre una anulación de acuerdos en este Ayuntamiento, y seguimos igual». «No hay por dónde coger este expediente, sabíamos que sus errores iban a perjudicar al personal municipal, siguen saltándose las recomendaciones en materia legal y desde luego nosotros no vamos a prevaricar», ha concluido.
