La petición contó con el voto a favor de todos los partidos de la corporación municipal, a excepción de PP y Cs, quienes justificaron su voto defendiendo el papel de la administración regional en materia de asuntos sociales durante esta pandemia
El último pleno municipal aprobó una moción presentada por el grupo socialista instando a la Junta de CyL a trabajar de forma coordinada con las entidades locales y a revisar de manera conjunta el decreto Ley 9/2020 de conciliación familiar.
La propuesta insta a la Junta de CyL “a trabajar en igualdad, con respeto y lealtad con las entidades locales como administradores competentes en materia de servicios sociales. Solicita reconsiderar los plazos de ejecución y justificación del fondo extraordinario COVID19, para poder dar una respuesta rápida y de calidad a los ciudadanos. Insta a revisar el Decreto aprobado de medidas de conciliación para garantizar que no suponga un esfuerzo estéril del CEAS de nuestro municipio, saturado de trabajo por el COVID, y para que las ayudas puedan llegar realmente a quien lo necesita. Además, se solicita que haga efectiva de manera urgente la promesa del fondo extraordinario de 3 millones adicionales asociados al Decreto Ley”.
La moción abrió un debate en el que cada partido aportó su idea al respecto. Desde VOX, Isabel Pérez apuntaló que coincidía “con el PSOE en que efectivamente la ley de servicios sociales otorga a los municipios de más de 20.000 habitantes competencias propias en materia de servicios sociales que la Junta de Castila y León no puede desconocer”. Desde IU-Podemos aclararon como “la Junta tiene dejación de funciones con las CEAS y solo hay que preguntar a los trabajadores como han estado durante esta pandemia para conocer que la administración regional sigue desaparecida en muchos casos”.
El Partido Popular justificó su voto en contra al entender que la moción “no se ajusta a la realidad. Quiero hacer una defensa de los servicios sociales de Castilla y León ante las dificultades que se están teniendo para poner en marcha las medidas las medidas recientemente aprobadas en materia de conciliación. El martes 2 de septiembre, antes de que se diera a conocer a los medios, las corporaciones locales fueron las primeras en tener información acerca del tema. Ya el 4 de septiembre se les convocó a los alcaldes al Consejo de Coordinación Territorial de servicios sociales de CYL, para informarles personalmente la consejera en las condiciones en las que se había creado esta prestación así como sus detalles de su puesta en marcha. El 7 de septiembre, previa aprobación del decreto, ninguna corporación manifestó alegaciones al respecto. Hubiera sido preferible que desde el gobierno central se hubiera articulado otro tipo de respuestas. Hemos actuado dentro de nuestras posibilidades y tan pronto hemos podido. Con estas medidas se pretende dar una respuesta a las familias de Castilla y León en una situación tan difícil como es la actual”. Vara reconocía que “alguna áreas, están saturadas, sobre todo por la nefasta gestión que desde el gobierno central se está llevando a cabo con la tramitación de la renta mínima vital”. Subrayaba que se habían aprobado desde la Junta “20 millones de euros para apoyar esta situación”.
Desde Independientes por Laguna, Juan Carlos Rodríguez subrayó que pese a no estar de acuerdo con muchas de las afirmaciones del expositivo, “si lo estamos con las propuestas de instar a la Junta”. El concejal denunció el talante partidista de los grupos con representación nacional en este tipo de mociones, en vez pensar más en los ciudadanos de Laguna de Duero
El PSOE cerró su expositivo criticando la postura del concejal de servicios sociales en el Ayuntamiento de Laguna de Duero, “pues ha llevado a cabo una defensa a ultranza de la Junta de Castilla y León cuando debería estar del lado de sus compañeras del CEAS”.
Finalmente la moción salió adelante con el voto a favor del IL, PSOE, IU-Podemos, la abstención de VOX y el voto en contra de PP y Ciudadanos.
