El Grupo municipal propondrá la adopción de estas medidas en el próximo pleno, solicitando además bonificaciones tributarias para desempleados y PYMES obligadas a cerrar por el Covid-19
Izquierda Unida-Podemos pedirá «medidas urgentes de protección social y estímulo económico» en el próximo pleno municipal, que se celebrará previsiblemente el próximo martes 28 de abril. El grupo municipal asegura tener en cuenta que, con la crisis sanitaria, la sociedad demuestra un elevado sentido de su responsabilidad en la prevención de la enfermedad, pero las consecuencias a nivel psicosocial, social y laboral están siendo devastadoras».
El grupo municipal plantea medidas «con el objetivo de frenar este impacto social», y teniendo en cuenta que el Gobierno de España «establece transferencias a las Comunidades Autónomas, con cargo al suplemento de crédito», y que «permite destinar el superávit presupuestario de las entidades locales de 2019 a financiar gastos de inversión destinados a Servicios Sociales y promoción social».
«Los servicios de atención social son una parte importantísima del Estado de Bienestar y ninguna administración como la Administración Local es conocedora de la situación y necesidades de los vecinos de cada municipio. Por ello, aunque tanto el Estado como las Comunidades Autónomas han anunciado medidas de apoyo a distintos colectivos, proponemos que dichas ayudas se canalicen y se potencien a través de los servicios sociales municipales, ya que será la forma más rápida y efectiva de que lleguen a sus beneficiarios», apuntan desde la agrupación.
En concreto, IU-Podemos propondrá que, «con carácter de urgencia, se implante un programa extraordinario de asistencia social primaria para las familias en riesgo de exclusión, reforzando la actual plantilla de Servicios Sociales e incrementando la partida presupuestaria actual mediante las transferencias de crédito oportunas y las ayudas que lleguen del Estado o de la Comunidad Autónoma. Esta línea de ayudas se destinaría, entre otras cosas, para el pago de recibos de agua, luz, alimentos, alquiler y enseres básicos».
A esta medida se suma que, «también con carácter de urgencia, se diseñe un Programa de Empleo Municipal que comenzará a aplicarse de forma inmediata, enfocado a los colectivos más vulnerables y con perspectiva de género». «Queremos que se realicen los trámites necesarios para aplicar aplazamientos, bonificaciones o exenciones en alquileres públicos, impuestos, tasas y precios públicos a las personas desempleadas y los pequeños y medianos establecimientos que hayan cerrado durante la crisis del coronavirus. Los aplazamientos, bonificaciones y exenciones tributarias a PYMES se condicionarán a su adopción de medidas de protección de las trabajadoras y trabajadores», apuntan.
De cara a compensar la pérdida de ingresos de las empresas y autónomos, piden que se introduzcan medidas como «elevar los tipos de gravamen de Bienes Inmuebles urbanos no residenciales diferenciados al 10% de los bienes inmuebles del término municipal que, para cada uso, tengan mayor valor catastral». También piden «elevar todos los coeficientes de situación del Impuesto de Actividades Económicas para las empresas que facturan más de un millón de euros anuales, y aplicar la Tasa por aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos». Asimismo proponen «iniciar el cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a las propiedades de la Iglesia que no estén destinadas al culto y disminuir los créditos de áreas y programas de gasto que no sean de primera necesidad».
Por otra parte, proponen «que se diseñe un Programa de Dinamización del Pequeño Comercio y de Proximidad que comenzará a aplicarse de forma inmediata. En el diseño de este programa se incluirán actuaciones como campañas promocionales, celebración de ferias gastronómicas, actividades artísticas y culturales, ponencias, jornadas y otras para la dinamización del sector de forma inmediata a la finalización de la crisis».
También piden «un plan de subvenciones destinado a los autónomos del sector del comercio, la hostelería,actividades culturales y la venta ambulante para minimizar el impacto producido por la crisis económica provocada por el Covid-19 y conseguir la reactivación de la economía de nuestro municipio una vez finalizada la alarma sanitaria».
Por último, proponen «instar al Gobierno Central a ampliar las competencias y capacidades de los gobiernos locales, garantizando el respecto de la autonomía local y fortaleciendo el papel de los municipios como unidad territorial básica, a derogar la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local y a aprobar una nueva normativa que conceda a los municipios la capacidad de percibir unos tributos propios mínimos y de mejorar los recursos derivados de la participación en los ingresos del Estado».
