La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha inyectado ocho millones de euros extra a las Diputaciones y a los municipios de más de 20.000 habitantes a través del Acuerdo Marco para este fin
El Ayuntamiento de Laguna de Duero contará este año y el próximo con un total de 89.752 euros extra para reforzar sus ayudas sociales y combatir especialmente la pobreza energética. El municipio recibirá, en concreto, 44.876 euros en 2021 y otros 44.876 en 2022, a través del Acuerdo Marco con el que la Junta dota de presupuesto a las Entidades Menores para prestar las distintas ayudas sociales.
La decisión se ha trasladado este viernes por parte de Isabel Blanco, consejera de Familia e Igualdad y Oportunidades, quien se ha reunido con representantes de ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y diputaciones para informarles de las nuevas medidas contra la pobreza energética y coordinar los apoyos que se están poniendo en marcha. En el encuentro se ha informado de que la Junta activará próximamente la ayuda directa de 130 euros para paliar la pobreza energética con el fin de «que ninguna familia vulnerable pase frío este invierno por no poder pagar los recibos de luz y calefacción».
«Esta es una línea de financiación adicional al Acuerdo Marco establecido, al igual que fueron las anteriores adendas, con las que nos dotaron con financiación para el refuerzo de personal de CEAS y para ayuda a domicilio adicional. En este caso esta línea servirá para prestar ayudas que se enmarcan dentro de las medidas contra la pobreza energética. El objeto es que nadie se quede sin luz por no poder pagarla. Entendemos que la Junta ha realizado un considerable esfuerzo con Laguna de Duero durante la pandemia para intentar satisfacer las necesidades de nuestros vecinos más vulnerables. Este acuerdo marco, como ya dije, no era definitivo. Año a año íbamos a ir negociando nuevas adendas en función de las necesidades del municipio, que se ha demostrado que van cambiando con el tiempo», ha explicado el concejal de Acción Social de Laguna de Duero, Fernando Vara.
La medida implica incrementar con ocho millones de euros adicionales la financiación a municipios y diputaciones dirigida a las ayudas de emergencia, reforzando los apoyos para que las familias más vulnerables puedan hacer frente a los suministros energéticos y, en particular, a «la subida desorbitada» del precio de la electricidad. En concreto, esta cuantía se va a distribuir en dos anualidades: la primera, este mismo año, con 4 millones de euros, lo que supone aumentar hasta los 6,62 millones el presupuesto inicialmente previsto este año para las prestaciones de urgencia social dirigidas a este fin. En 2022, se aportarán los cuatro millones restantes.
“Nuestra prioridad es proteger a las personas y ayudar a quienes más lo necesitan. En esta Comunidad ninguna familia se va a quedar sin luz o calefacción por no poder pagar los recibos”, ha asegurado Isabel Blanco. La consejera ha incidido en que el Ejecutivo regional, «lejos de permanecer impasible ante una emergencia social para muchas familias, responde con eficacia y reacciona con agilidad a los nuevos desafíos para ofrecer soluciones a los problemas que preocupan a la gente a través del plan energético con tres líneas de actuación: las ayudas de emergencia tradicionales, una ayuda extraordinaria para pagar la luz y la renovación de convenios con compañías eléctricas para evitar cortes de suministro». Con la nueva partida de ocho millones inyectada al Acuerdo Marco, la dotación del principal instrumento de colaboración entre la Junta y las corporaciones locales alcanza un presupuesto total de 542,2 millones de euros al servicio de las políticas sociales en el territorio en el periodo 2020-2023.
Isabel Blanco ha defendido que la Red de Protección, que llega a todo el territorio gracias a la colaboración de las entidades locales, ha sabido estar a la altura de las circunstancias derivadas de la pandemia, como demuestra el hecho de que en 2020 su paraguas ofreció cobertura a 384.000 personas, más del doble que un año antes (con 175.000 beneficiarios), un incremento que achacó especialmente al aumento de beneficiarios del reparto de alimentos.
Dentro de la Red de Protección, las ayudas de emergencia absorbieron casi 4,3 millones de euros el pasado año. Una parte importante de ese montante, 1,25 millones, se destinó a las prestaciones económicas para necesidades básicas de subsistencia en situación de urgencia social, con las que casi 3.000 familias pudieron afrontar el pago de la luz, el gas o el agua, entre otros. En concreto, en la provincia de Valladolid estos apoyos llegaron a 759 familias (259.618 euros).
La nueva línea de financiación que se activa ahora refuerza precisamente estas ayudas de emergencia y se enmarca en el paquete de medidas contra la pobreza energética anunciado el pasado 8 de octubre. La más notable es la ayuda directa y extraordinaria de 130 euros que los consumidores vulnerables severos verán ingresada en su cuenta corriente «antes de finalizar el año, sin necesidad de formalizar ningún trámite, y que garantiza de forma inmediata que nadie durante este invierno carezca de luz o de calefacción a causa del desmesurado incremento de la factura energética».
Los beneficiarios serán aquellos que figuren en los registros de la Junta como ‘consumidor vulnerable severo’, una definición vinculada a su nivel de renta anual, con los límites de 15.817 euros para familias numerosas; 9.880 para hogares con dos menores, 7.908 si solo tienen un menor y 5.931 euros si no vive ninguno, y finalmente con un máximo de 7.908 euros en el caso de personas que perciben la pensión mínima. Esta ayuda implicará un desembolso de 6 millones de euros procedentes de las arcas autonómicas y beneficiará, según las previsiones, a alrededor de 45.000 familias con pocos recursos, entre las que se encuentran perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía y los mayores con pensiones no contributivas.
Otra de las iniciativas más relevantes, dentro del paquete de medidas contra la pobreza energética, es el refuerzo de los convenios con las empresas suministradoras de gas y electricidad, que tiene como finalidad evitar el corte de los suministros o, en su defecto, conseguir su inmediato restablecimiento en caso de impagos de las familias con dificultades. En este sentido,» el diálogo y la vía de colaboración que mantiene abierta la Junta con las grandes compañías energéticas evitó que más de 400 hogares de Castilla y León sufrieran un corte de suministro por impago el pasado año», señalan.
En el marco de los acuerdos ya suscritos, en casos de impago, las eléctricas se comprometen a paralizar temporalmente el corte de los suministros o, en su caso, a reanudarlos durante el tiempo necesario para que los técnicos de la Gerencia de Servicios Sociales puedan realizar una valoración de la situación de las familias con dificultades para abonar los recibos más básicos de la vivienda y determinen la idoneidad de otorgarlas una prestación económica de urgencia social para saldar la deuda o bien medien con las empresas para acordar un plan de pagos o la solicitud del bono social.
Fotografías: Junta de Castilla y León.
