A través de una moción, el grupo socialista propondrá que el Consistorio reclame al ejecutivo autonómico «la recomposición del diálogo social», comprometiéndose a dar cobertura a personas o empresas «desamparadas a consecuencia del incumplimiento» en este ámbito por parte de la Junta
El grupo municipal socialista de Laguna de Duero presentará en el pleno de febrero, que se celebrará el próximo martes, una moción para instar al presidente de la Junta a «recomponer, de forma inmediata, el diálogo social, cumpliendo los compromisos adquiridos en su seno por parte de la Junta con CEOE, UGT y CCOO». Asimismo, proponen reclamar a la Junta «que garantice la continuidad del SERLA en los mismos términos que hasta ahora, y que reintegre a CCOO, UGT y CEOE los fondos autonómicos que les ha sustraido para el desarrollo de sus actividades en favor de personas desempleadas y empleadas».
También propondrán que el Ayuntamiento de Laguna de Duero «se comprometa a dar cobertura, en el marco de sus competencias, a las empresas y personas trabajadoras de nuestra ciudad que queden desamparadas por la Junta de Castilla y León a consecuencia de sus incumplimientos en el ámbito del diálogo social».
«El portal de la Junta de Castilla y León se define el diálogo social de la siguiente manera: las sociedades más modernas y avanzadas de la Unión Europea se caracterizan y distinguen por la institucionalización del Diálogo Social entre la Administración Pública y los agentes económicos y sociales, representados por las organizaciones empresariales y sindicales más representativas. El fomento del Diálogo Social como factor de progreso económico y cohesión social, se contempla por el Estatuto de Autonomía de Castilla y León en su artículo 16, párrafo cuarto, como uno de los principios rectores de las políticas públicas de Castilla y León», plantean desde el PSOE.
«Si algo distingue a la política de la Comunidad de Castilla y León en su conjunto, es el alto nivel de concertación social alcanzado, hasta el punto de convertirse en una Comunidad Autónoma pionera en el desarrollo del Diálogo Social y una indudable referencia a seguir cuando se quiere reforzar la eficacia y el apoyo de las actuaciones mediante el obligado concurso de las organizaciones sociales y económicas», exponen, añadiendo que «el propio Estatuto de Autonomía de Castilla y León respalda el Diálogo Social, convirtiéndolo en principio rector de las políticas públicas de la Comunidad y factor de progreso económico y social, como así lo prueban las múltiples iniciativas desarrolladas tendentes a potenciar la competitividad empresarial, la inserción laboral y la empleabilidad de los trabajadores».
«La Ley 8/2008, de 16 de octubre, para la creación del Consejo del Diálogo Social y regulación de la Participación
Institucional, constituye el soporte y la articulación legal necesarios para que la Junta de Castilla y León y las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de esta Comunidad, una vez más, se pongan de acuerdo en lo que al diseño e implementación de las políticas de empleo se refiere», afirman.
«Hoy asistimos a la destrucción del Diálogo Social en Castilla y León por parte de la Junta de Castilla y León, capitaneada en esta labor por Vox. A la voladura del Diálogo Social por parte de la Junta hay que añadir otras medidas en la misma dirección, como son la supresión de fondos destinados a las organizaciones
sindicales y empresariales para la defensa de la igualdad de oportunidades, la formación para el empleo y orientación laboral para personas desempleadas y ocupadas, la prevención de riesgos laborales y las políticas que afectan a los colectivos más vulnerables como las personas inmigrantes», advierten los socialistas.
«Esta política del Gobierno de Castilla y León no sólo constituye un ataque sin precedentes a las empresas, los trabajadores y las trabajadoras de nuestro municipio y atenta contra una forma de entender la política que debe prevalecer desde las instituciones, consistente en acercar posiciones, limar diferencias y procurar amplios consensos que den respuesta al interés común. El último episodio de esta persecución ha sido la decisión de
la Junta de que Castilla y León de eliminar la gestión del sistema de solución autónoma de los conflictos laborales individuales y colectivos en Castilla y León a través del Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León (SERLA)», añaden.
«El año pasado el SERLA intervino en 3.534 procedimientos individuales (la cifra más alta de su historia) y en 341
expedientes colectivos. Su supresión, aparte de acarrear una grave inseguridad jurídica, provocará más conflictos (que también serán más duraderos), derivará en más procesos judiciales y encarecerá los gastos a cargo de empresas y personas trabajadoras. Revertir esta lamentable situación depende exclusivamente de que la Junta de Castilla y León, en manos del PP y de Vox dé un giro de 180 grados y recupere la senda del diálogo social, de la responsabilidad y el respeto a la legalidad», concluyen desde el grupo socialista.
