El Estado de Alarma decretado este sábado obligará a permanecer cerrados, durante quince días, la mayor parte de los establecimientos comerciales y de hostelería del municipio, mientras que se impone además el semiconfinamiento domiciliario
El Estado de Alarma decretado este sábado por el Gobierno Central ha obligado definitivamente a parar toda actividad comercial y hostelera en todos los puntos del país, tal y como ha dado a conocer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tras la celebración del Consejo extraordinario de Ministros. La medida obedece a la “emergencia sanitaria y social” provocada por la expansión del coronavirus Covid-19 por el territorio nacional, y exige la “movilización de todos los recursos económicos y sanitarios para proteger la seguridad de todos”.
Ya durante la tarde del viernes el ejecutivo central avanzaba que “estamos solo en la primera fase de un combate, y nos esperan semanas muy duras”, apuntando que “no cabe descartar que durante los próximos días alcancemos incluso los 10.000 afectados”. Sin embargo, ha sido este sábado cuando el Estado de Alarma, a través del Real Decreto, se ha concretado con distintas medidas.
Entre ellas se suspende temporalmente –por 15 días- toda actividad comercial minorista exceptuando los establecimientos de alimentos y bebidas, bienes de primera necesidad, las farmacias, gasolineras, kioskos, peluquerías o tintorerías, siendo “estrictamente necesario evitar aglomeraciones y controlar la distancia de seguridad para evitar contagios”. También deberán permanecer cerrados los establecimientos hosteleros, como cafeterías, bares o restaurantes, pudiendo, eso sí, prestar servicios de pedidos a domicilio. El gobierno garantizará, por su parte, el suministro de alimentos a los supermercados y puntos de venta, así como el suministro energético.
Semiconfinamiento en los domicilios
Tal y como establece la situación de alarma nacional, los vecinos tendrán que guardar desde este momento una situación de semiconfinamiento domiciliario, permitiéndose los desplazamientos al trabajo, a los centros médicos para recibir asistencia sanitaria –y la de cuidadores de mayores- y con el objeto de adquirir productos de alimentación o farmacéuticos. También se permitirá el desplazamiento a las entidades bancarias. Se ha pedido además que los ciudadanos acudan individualmente a realizar estas gestiones –salvo en los casos de personas dependientes- pudiéndose utilizar vehículos, aunque siempre obedeciendo las indicaciones.
Esta medida permanecerá en vigor durante 15 días, aunque puede ser revisable en cualquier momento dependiendo de cómo evolucione la crisis, pudiendo ser prorrogado siempre con la aprobación del Congreso de los Diputados. Mientras tanto, la policía local –cuya competencia asumirá el Ministerio de Interior- podrá requerir a los ciudadanos que expliquen el motivo de su movilidad fuera del domicilio habitual, y los vecinos deberán seguir las instrucciones de las autoridades.
El ejecutivo central ha anunciado que estas medidas son “drásticas” y que “tendrán consecuencias”. Por ello ha avanzado que se implementarán distintas medidas para paliar los efectos económicos y sociales a través del apoyo a los trabajadores, las familias, los autónomos o las empresas.
Se trata de la segunda vez, en la historia de la democracia, que se pone en marcha el Estado de Alarma en España –con el precedente de la crisis de los controladores aéreos de 2010-, una medida constitucional prevista para crisis de este tipo. Este permite al Estado limitar la circulación de personas, practicar requisas temporales de bienes, intervenir industrias o limitar el uso de servicios o artículos.
