Ante la denuncia presentada por el grupo socialista, el ejecutivo afirma que el protocolo actual responde a «dos informes de dos delegados de protección de datos» e insiste en que «no se ha negado el acceso a información a ningún edil». «No es tolerable tratar de manchar el nombre de esta institución solo para desgastar al gobierno», advierten.
Tras conocerse, este jueves, que el grupo municipal socialista de Laguna de Duero ha presentado una denuncia en el Juzgado nº1 de Valladolid acusando al gobierno local de «restringir el acceso a la información pública», el ejecutivo local ha salido al paso enviando a los medios de comunicación unas declaraciones con las que niegan que el Consistorio esté incumpliendo la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
El gobierno local afirma que el protocolo actual «responde a dos informes de dos delegados de protección de datos contratados a tal efecto, uno con fecha de marzo de 2023 y otro de febrero de 2024, en los que se sustenta la decisión tomada por el actual equipo de gobierno sobre el acceso a la información de los miembros de la corporación». «El único objeto por el que se actúa como se está haciendo es cumplir con la Ley 19/2013 de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. No se está llevando a cabo procedimiento alguno que no marque dicha ley», insisten.
En este sentido, consideran que «el acceso por parte de la totalidad de los concejales a todos los expedientes podría ser contrario al principio de minimización de datos recogido en el artículo 5.1. c RGPD. Se debe conciliar el derecho a la información pública con el derecho a la protección de datos de las personas afectadas. El acceso de los concejales a los expedientes administrativos debe de estar regido por los principios de limitación de la finalidad y de minimización de datos recogidos en el artículo 5.1 del RGPD».
El ejecutivo local señala que «no se está restringiendo el acceso a los expedientes. Se ha establecido un protocolo por el que el interesado presenta una solicitud motivada para poder acceder a los mismos. Se efectúa un ejercicio de ponderación y se valoran las circunstancias de cada caso concreto antes de autorizar el acceso a la información solicitada por cada concejal». Así, inciden en que «a día de hoy no se ha negado el acceso a ninguna solicitud presentada por parte de ningún edil de ningún partido político», y destacan que «esta solicitud la han de hacer también los concejales que forman parte del Equipo de Gobierno».
Desde el gobierno apuntan que «este protocolo de actuación no es único de este Consistorio». «Sin ir más lejos, en la época del socialista Óscar Puente como alcalde de Valladolid, se seguía este mismo proceder en esta institución», añaden. «Todos y cada uno de los puntos citados como falta de transparencia en su comunicado, tienen su resolución en el procedimiento citado anteriormente. A día de hoy, toda solicitud ha sido respondida de manera afirmativa. A ningún concejal se le ha negado ninguna información si se sigue el procedimiento establecido y conocido por todos», argumentan.
El ejecutivo local señala que los socialistas «acusan de vulnerar el artículo 23 de la Constitución Española, pero esta grave acusación no es entendible ni se corresponde con lo que denuncian si leemos la Carta Magna de nuestro país, ya que dicho artículo dice lo siguiente: Artículo 23. 1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. 2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes».
Por todo ello, el gobierno sostiene que «no es tolerable tratar de manchar el nombre de la institución representada por toda la Corporación Municipal, de la que forma parte el mismo Grupo Municipal Socialista, mediante declaraciones que faltan a la verdad con el único objetivo de desgastar al Gobierno Municipal».
Fotografía: Santiago Bermejo.
