El grupo municipal en el consistorio, pedirá al organismo regional que de marcha atrás en su nuevo decreto ley que modifica las medidas tributarias y de financiación de las entidades locales, lo que supone “un flagrante incumplimiento de nuestro Estatuto de Autonomía”
El grupo municipal del PSOE de Laguna de Duero, pedirá al pleno de la localidad, sumarse a la petición, de exigir a la Junta de Castilla y León, la “modificación de la ley Medidas Tributarias y de financiación de las entidades locales “para instar a los grupos a que rehagan la convalidación del decreto ley 6/2020.
El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el 17 de diciembre de 2014, aprobó la Ley de medidas tributarias y de financiación de las entidades locales vinculada a ingresos impositivos de la Comunidad de Castilla y León.
En la misma fueron transaccionadas entre el Grupo Parlamentario Popular que sustentaba al Gobierno de la Junta y el Grupo parlamentario Socialista, un grupo de enmiendas de este último que aseguraban una financiación incondicionada a las Corporaciones Locales por parte de la Comunidad Autónoma con un mínimo garantizado.
Así en sucesivos años los entes locales han percibido las cantidades derivadas del Fondo de participación en los impuestos propios de la Comunidad de Castilla y León y del Fondo de cooperación económica local general vinculado a ingresos derivados de los impuestos cedidos.
La Orden PRE/337/2020, de 3 de abril, determinó provisional y parcialmente la cuantía que corresponde a cada entidad local en la financiación local vinculada a ingresos impositivos de la Comunidad de Castilla y León para el año 2020, en la parte incondicionada. En función de esas previsiones, muchas entidades locales han contraído compromisos para el ejercicio vigente que ni pueden ni deben ser modificados. Por otra parte, las cuantías y el régimen presupuestario de estas cantidades son las establecidas en la Ley 8/2017 de Presupuestos de la Comunidad para 2018.
Con fecha 2 de julio de 2020, la Junta de Castilla aprobó el Decreto-Ley 6/2020, de medidas urgentes para incentivar las medidas de recuperación económica y social en el ámbito local. En el mismo se elimina el carácter de incondicionado que tenía el Fondo de Cooperación Económica Local general vinculado a ingresos derivados de los impuestos cedidos por el Estado de gestión directa por la Comunidad Autónoma. Esto afectaría en el caso de los municipios de población superior a 20.000 habitantes al 50% de las cantidades que perciban de dicho fondo y que tenían carácter incondicionado y en el caso de los municipios de población superior a mil habitantes e inferior a 20.000 a la totalidad de las cantidades que percibieran. Estas cantidades, a partir de este momento, debería destinarse por los entes locales a “alguno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas para su cumplimiento para el año 2030”, cuando antes podían ser incorporadas libremente a operaciones corrientes o de capital.
La indefinición de su redacción puede generar dudas respecto a la forma de su aplicación y al ejercicio en el que se produce la supresión del carácter incondicionado de los fondos afectados y por eso se formula la siguiente
El Grupo Municipal Socialista considera que, “modificar cualquier aspecto relacionado con la financiación y la cooperación económica local mediante Decreto-Ley, sin la participación de la Entidades Locales a través del Consejo de Cooperación Local, la Conferencia de Titulares de Alcaldías y Presidencias de Diputación, y de la propia FRMP, supone una conculcación de los principios que han de presidir las relaciones entre la Comunidad y las EELL, contemplados en el artículo 48 del Estatuto de Autonomía, el primero de ellos el de lealtad institucional, además de los de coordinación, cooperación e información mutua”.
Por otro lado, apuntan en su comunicado, “cabe recordar que el Decreto-Ley está vedado a las materias para las que el Estatuto de Autonomía exija expresamente la aprobación de una ley de Cortes (artículo 25.4 del propio Estatuto). A este efecto hay que señalar que, el artículo 55.3 del Estatuto de Autonomía, establece reserva de ley de Cortes para la regulación de la participación de las EELL en los ingresos de la Comunidad.
Tampoco parece existir ninguna vinculación material entre la urgencia de revitalización del tejido económico y social local tras la crisis del Covid19, con la regulación y el condicionamiento de la financiación ordinaria de las EELL, reservada al ejercicio de competencias propias entre las que no se encuentran la promoción de la actividad económica y el empleo y, en el caso de los ayuntamientos de población inferior a 20.000 habitantes, tampoco los servicios sociales.
El desprecio del interés público local en este Decreto-Ley puede constatarse en el hecho de que la memoria para su elaboración ha evaluado el impacto en los presupuestos de la Comunidad, pero no en los presupuestos de las EELL, contra lo establecido en la ORDEN ADM/1835/2010, de 15 de diciembre, por la que se aprueba la Guía metodológica de mejora de la calidad normativa, en aplicación del Decreto 43/2010, de 7 de octubre, según la cual “Se distinguirán los efectos y repercusiones sobre los presupuestos de la Comunidad Autónoma y, por otro lado, los que existan, en su caso, sobre los presupuestos de las Entidades Locales”, y añade que “Deberá perseguirse el objetivo de evitar efectos financieros negativos sobre las Entidades Locales como consecuencia de modificaciones legales, desde el punto de vista del gasto como del ingreso”. Tampoco se ha evaluado en la memoria el impacto de las nuevas cargas administrativas que se imponen a determinadas EELL a las que se carga con nuevas obligaciones de justificación, como observa el informe de los servicios jurídicos de la Comunidad.
Desde el punto de vista institucional, todo condicionamiento de la financiación ordinaria constituye una amenaza para la autonomía local, para el principio de subsidiariedad y su correlato político de gobierno de proximidad, y por tanto, supone una conculcación o al menos una interpretación contraria a los principios del municipalismo de la Carta Europea de Autonomía Local, de la Constitución y el Estatuto de Autonomía.
Desde el Grupo Municipal Socialista consideramos que las previsiones del Decreto Ley 6/2020 no pueden ser en ningún caso de aplicación en el ejercicio vigente, por cuanto pueden provocar graves distorsiones en la gestión presupuestaria de las corporaciones locales, que en algunos casos podrían resultar contrarias a la planificación presupuestaria y al ordenamiento jurídico. No puede olvidarse, además, que el Decreto Ley tiene también vedada por el Estatuto de Autonomía la regulación del “régimen presupuestario” y el contenido de la reforma realizada afecta materialmente a dicho régimen.
Peticiones al pleno
Desde el grupo municipal socialista en Laguna de Duero , plantearán su “más firme oposición a cualquier modificación de la Ley Medidas Tributarias y de Financiación de las Entidades Locales vinculada a ingresos impositivos de la Comunidad de Castilla y León que no haya sido previamente debatida y consensuada con las Corporaciones Locales de Castilla y León, con sus órganos de representación y cooperación, y con la FRMP, cuya interlocución viene reconocida en el artículo 52.2 del estatuto de autonomía.
También pedirá al pleno del Ayuntamiento de Laguna de Duero su compromiso, de la misma forma y manera que lo han estado haciendo el resto de entidades locales de la comunidad, en la lucha contra el Covid-19, como han venido demostrando durante los peores momentos de la crisis sanitaria, así como hacer frente a sus consecuencias económicas y sociales, a cuyos efectos esperan contar con carácter inmediato con los recursos previstos en el punto 76 del Pacto para la recuperación económica, el empleo y la cohesión social en Castilla y León, cuyo Fondo extraordinario Covid-19 contempla para las EELL una dotación de 40 millones de euros para “actividades relacionadas con el empleo y la inversión” y otra de 20 millones de euros “para finalidades relativas a servicios sociales y protección social de las personas y colectivos más afectados por la crisis”.
En su expositivo manifiestan su compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, así como con las políticas frente a la despoblación y otros retos demográficos, requiriendo a la Comunidad el desarrollo de unas políticas propias en estas materias abiertas en su diseño, implementación y evaluación a las EELL, con pleno reconocimiento de su autonomía local. Sin embargo, la implicación de las EELL en estas políticas no debe condicionar la financiación ordinaria con cargo a los ingresos de la Comunidad.
Solicitan al Pleno instar “a los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León que rechacen la convalidación del Decreto Ley 6/2020, de 2 de julio, de medidas urgentes para incentivar las medidas de recuperación económica y social en el ámbito local, en aplicación de los principios estatutarios que deben presidir las relaciones entre la Comunidad y las EELL de Castilla y León.
Por último piden “regular aplicar con carácter urgente los fondos para que las EELL contribuyan a hacer frente a los efectos económicos y sociales del Covid-19 previstos en el Pacto para la recuperación económica, el empleo y la cohesión social en Castilla y León, a cuyos acuerdos nos sumamos”.
