Los convenios, que fijan un precio de 447,51 euros por salida en los servicios que se realicen en los municipios afectados, tendrán efecto económico a partir del 1 de enero de 2025 y una vigencia de 4 años.
La Comisión de Hacienda, Personal y Régimen Interno presidida por el diputado Víctor Alonso, ha informado favorablemente los convenios de colaboración para la prestación del Servicio de Extinción de Incendios en los Ayuntamientos de Arroyo de la Encomienda, Laguna de Duero y Medina del Campo
En dichos convenios se expresa la voluntad de todas las partes de mantener la actual gestión integral del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento mediante la aportación conjunta de medios económicos, personales y materiales, y en todos ellos se establece que dicha prestación con los actuales medios no exige la modificación de las estructuras actuales ni el incremento del número de recursos humanos y materiales disponibles, siendo mínimo el tiempo de respuesta frente a cualquier tipología de siniestro.
Precisamente esta situación, así como el hecho de que la Diputación de Valladolid cuente con un servicio profesional y completamente consolidado que permite calcular el coste de la prestación del servicio de extinción de incendios y salvamento en cada uno de los municipios mediante la aplicación del criterio denominado ‘coste marginal’.
En concreto, se fija la cantidad de 447,51 euros por cada una de las salidas que los Bomberos de la Diputación de Valladolid realicen en los Ayuntamientos de Arroyo de la Encomienda, Laguna de Duero y Medina del Campo, incluyendo en este caso los núcleos agregados de Gomeznarro y Rodilana. Al margen de esta aportación, se aplicará la ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por los servicios profesionales prestados por los parques provinciales de extinción de incendios, en los supuestos y en la forma determinada por dicha normativa, correspondiendo a la Diputación de Valladolid la liquidación y exacción de la citada tasa.
Todos los convenios, que deberán ser aprobados por los plenos de los ayuntamientos afectados, entrarán en vigor al día siguiente de su formalización, sin perjuicio de que los efectos económicos sean aplicados desde el 1 de enero de 2025, y tendrán una vigencia de cuatro años.
