La resolución judicial que responsabiliza al Estado, a la Xunta de Galicia y al Ayuntamiento de Ribadeo del fallecimiento de la lagunera llega tras años de lucha en los que su familia ha sostenido que la tragedia podía haberse evitado.
A finales de abril, se hacía pública la noticia de que la Audiencia Nacional confirmaba que el Estado, la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de Ribadeo son corresponsables de la muerte de Irene Baladrón, la joven lagunera que falleció en la Playa de las Catedrales a consecuencia del desprendimiento de unas rocas hace ocho años. A través de una sentencia, la justicia fallaba en favor de la familia de Irene, que desde que sufrió el revés de este suceso el 31 de marzo de 2018 siempre ha defendido que «lo que ocurrió no fue un accidente inevitable».
«Aquella misma mañana se produjeron dos desprendimientos en zonas próximas al lugar del suceso. Un testigo alertó al personal de vigilancia. Se decidió no tomar ninguna medida y priorizar la entrada de visitantes ante la gran afluencia. Pero, ¿quién se atreve a cerrar la Playa de las Catedrales en Semana Santa? Nuestra hija entró después», recuerda, a través de un comunicado, la familia de la joven lagunera, incidiendo en que «las administraciones no ignoraban el riesgo».
«El Gobierno central realizó obras en el acantilado en 2006 y 2010 sin adoptar las medidas de prevención recomendadas en un informe de la Universidad de Santiago elaborado antes del accidente, que advertía expresamente de los peligros existentes. El plan autonómico de la Xunta reconocía los riesgos para la seguridad de los visitantes. Y el Ayuntamiento de Ribadeo promocionaba activamente el enclave con fines turísticos siendo conocedor del riesgo recurrente de desprendimientos», argumentan.
«No pedíamos, faltaría más, que las administraciones previnieran todos los riesgos de la naturaleza. Pero la Playa de las Catedrales no era un espacio natural sin gestionar: era un enclave de acceso controlado, con entrada, con aforo de hasta 5.000 personas diarias, personal remunerado, y activamente promocionado por las mismas instituciones que durante años alegaron no tener responsabilidad alguna. Sobre ese espacio, las administraciones tenían informes técnicos que documentaban el peligro (los trabajadores tenían expresamente prohibido entrar en las cuevas por riesgos laborales). Sabían que el temporal de los días previos había aumentado el riesgo de forma extraordinaria, algo que los visitantes no podían saber, pero ellas sí. Y sabían, porque había ocurrido dos veces esa misma mañana, que las rocas estaban cayendo junto a los visitantes. Cuando el riesgo es conocido, está documentado y se está materializando en tiempo real, cerrar un espacio sobre el que se ejerce control de accesos no es una opción: es una obligación», expone la familia de Irene.
«El día siguiente al fallecimiento de Irene, la playa fue cerrada de inmediato. Esa decisión, que llegó tarde para ella y para nosotros, demuestra que siempre fue posible tomarla. Desde entonces, la misma playa se cierra, con normalidad, cuando las condiciones lo requieren», afirman.
«Durante años, los juzgados locales archivaron la causa. Las administraciones negaron toda responsabilidad. Ha tenido que ser la Audiencia Nacional quien pusiera nombre a lo que ocurrió. En su sentencia ha dicho, por fin, que todos los implicados debieron tomar medidas aquel 31 de marzo de 2018. Nosotros lo sabíamos desde el primer día», señalan.
Pese a que ni esta sentencia ni ningún reconocimiento va a devolverles a su hija, después de ocho años de este trágico suceso, desde la familia echan la vista atrás expresando su agradecimiento. En este caso «a las médicos que atendieron a Irene en la playa, a los chicos que ayudaron a transportarla, a los que llamaron al 112 y a los testigos que se presentaron a declarar voluntariamente».
