La formación denuncia como «injustificable» que «a la oposición se nos limite el acceso a la información con la excusa de la protección de datos y la teniente de alcalde dimita por vulnerarlos», apuntando a «un problema serio de control y mala gestión»
Tras conocerse recientemente la noticia de la dimisión de la teniente de alcalde y concejala de Cultura de Laguna de Duero -la cuál algunos medios de comunicación vinculan a una supuesta inhabilitación a raíz de una condena por un delito de vulneración de la Ley de Protección de Datos-, el Grupo Municipal Izquierda Unida-Podemos ha denunciado ante el equipo de gobierno «el doble rasero por el tratamiento de los datos», haciendo alusión a que «desde el gobierno local utilizan la protección de datos como excusa para bloquear a la oposición, pero luego dimite la teniente de alcalde por vulnerarlo».
Señalan que «quienes ocupamos cargos públicos debemos ser especialmente cuidadosos con la información que manejamos y actuar siempre con rigor, respeto y responsabilidad. La política no puede ejercerse desde la frivolidad y el pasotismo». Subrayan además que este es «un asunto muy grave, puesto que la protección de los datos personales es un derecho fundamental y su vulneración afecta directamente a la confianza de la ciudadanía en sus instituciones».
Desde Izquierda Unida-Podemos hacen especial hincapié en lo que ellos ven como «doble rasero difícil de justificar», aludiendo a que «a la oposición se nos limita en numerosas ocasiones el acceso a información a la que tenemos derecho para ejercer nuestra labor, utilizando como excusa la protección de datos. Pero, curiosamente, es el propio gobierno quien ha hecho un uso indebido de los datos de los laguneros y laguneras de este municipio». Algo que ven como «contradictorio y un problema serie de control y mala gestión».
En este sentido, y a través de un comunicado, instan al equipo de gobierno a que reflexione sobre «la falta de empatía, la utilización inadecuada de la información sensible y la desconsideración hacia otras personas no pueden tener cabida en la vida pública». «La ciudadanía merece representantes que estén a la altura, no solo en el cumplimiento de la ley, sino también en una gestión transparente, más comprometida con los vecinos y vecinas y menos improvisada», sentencian.
