Óscar Ramos asumirá el acta de concejal en sustitución de la edil de Independientes por Laguna tras un pleno marcado por el cruce de acusaciones, las explicaciones del equipo de Gobierno y las exigencias de transparencia de la oposición
El pleno ordinario de abril del Ayuntamiento de Laguna de Duero, celebrado este martes, ha ratificado la renuncia de Lucía Castro, hasta ahora primera teniente de alcalde y portavoz de Independientes por Laguna (IL), tras la controversia generada por la filtración de datos personales que afectó a 780 vecinos del municipio. La dimisión se produce en un contexto de fuerte tensión política y debate público sobre la gestión del caso.
Tras su salida, ocupará su acta Óscar Ramos, secretario del partido en el Ayuntamiento y número cuatro en la candidatura de 2023, siguiendo el orden establecido en la lista electoral de Independientes por Laguna.
Durante la sesión, el alcalde, Avelino Álvarez, defendió su actuación desde el inicio de los hechos. Subrayó que la filtración ha sido considerada punible por la judicatura y lamentó el clima generado en torno al caso, denunciando “faltas al honor” e “insultos graves”. A su juicio, la situación «ha derivado en un deterioro del debate público» que llegó a calificar como de “casi histeria colectiva”.
El regidor explicó que tuvo conocimiento de la brecha de seguridad mientras se encontraba en una reunión, momento en el que, tras recibir el aviso de la vicesecretaria, activó “los protocolos correspondientes: consulta al delegado de protección de datos y traslado inmediato del caso a la Guardia Civil para su remisión a la Fiscalía”. Así, insistió en que actuó “conforme a la ley y sin conocer la identidad de los posibles implicados, con el objetivo de no verse condicionado en el proceso”. “Me daba igual quién fuera, lo importante era actuar correctamente”, sostuvo.
En relación con el acceso al expediente, detalló que “se facilitó copia de la denuncia, pero no el acceso completo por falta de garantías jurídicas. Posteriormente, tras nuevas solicitudes, se valoró permitir el acceso con condiciones estrictas: anonimización previa de los datos y autorización de las personas afectadas”. Álvarez defendió que todas sus decisiones “se han basado en informes técnicos y legales, priorizando evitar nuevos errores en un asunto especialmente sensible”.
Independientes por Laguna
El portavoz de IL, Juan Carlos Rodríguez, realizó una defensa detallada de la actuación de su grupo y cargó con dureza contra lo que considera una reacción “desproporcionada e irresponsable” por parte de distintos actores políticos y sociales. Según afirmó, “bastante gente se ha lanzado al ruedo con muy poca responsabilidad”, contribuyendo a generar una narrativa pública que, a su juicio, no se ajusta a la realidad del procedimiento judicial.
Rodríguez advirtió de que “tanto la persona directamente afectada como el propio grupo municipal han iniciado acciones legales ante comportamientos que podrían constituir delitos similares al que se investiga, especialmente en relación con la difusión de información sensible o comentarios que podrían vulnerar derechos fundamentales”.
El portavoz señaló de forma expresa a un medio de comunicación por haber publicado información presuntamente sujeta a secreto de sumario, lo que, según explicó, podría derivar en un delito de revelación de secretos. En este sentido, insistió en que la sentencia mencionada públicamente “todavía no ha sido publicada” en canales oficiales, por lo que el procedimiento continúa sometido a las limitaciones legales propias de estos casos. Además, criticó el papel de las redes sociales, donde —según indicó— se han vertido opiniones “con un desconocimiento total del asunto”, algunas de las cuales “ya han sido denunciadas y podrían tener consecuencias judiciales”.
Rodríguez defendió que la concejala ha asumido responsabilidades “judiciales, políticas y éticas”, subrayando que el delito ha sido calificado como leve y que el acuerdo alcanzado con la Fiscalía es “de mínimos”. También relativizó la gravedad del caso, comparándolo con situaciones similares en otras administraciones públicas, e insistió en que no se trata de un problema estructural, sino de “una situación puntual que afecta a una única persona”. Por último, rechazó las acusaciones de falta de transparencia, asegurando que “el acceso a la información ya estaba regulado previamente y que cualquier limitación ha respondido exclusivamente al cumplimiento de la normativa de protección de datos”.
PSOE
La portavoz socialista, Yolanda Lanza, inició su intervención mostrando respaldo personal hacia la concejala afectada, pero mantuvo un tono muy crítico en el plano político e institucional. En este sentido, consideró “inadmisible” que la oposición tuviera conocimiento de la dimisión a través de los medios de comunicación en lugar de por los cauces oficiales del Ayuntamiento.
Lanza recordó que “el PSOE ha solicitado información sobre este asunto en múltiples ocasiones, incluso mediante registros formales, sin haber obtenido respuestas satisfactorias”. En este contexto, destacó que “el 7 de mayo de 2025 su grupo registró una petición expresa para que el alcalde ejerciera acciones penales y civiles derivadas de los hechos, con el objetivo de evitar la prescripción de posibles responsabilidades”.
Según defendió, “esta iniciativa no debería haber partido de la oposición”, ya que considera que corresponde al alcalde actuar de oficio ante posibles hechos delictivos. En este sentido, estableció una diferencia clara entre presentar una denuncia —como hizo el Ayuntamiento— y ejercer acciones judiciales activas, algo que, a su juicio, no se ha producido.
La portavoz socialista comparó esta actuación con otros casos similares en la provincia y en la comunidad autónoma, donde —según explicó— “las instituciones sí han impulsado procedimientos judiciales contra cargos implicados”. Por ello, acusó al equipo de Gobierno de haber incurrido en una posible “dejación de funciones”, sugiriendo que esta actitud podría estar motivada por la necesidad de preservar la estabilidad del acuerdo de gobierno.
IU-Podemos
Por su parte, la portavoz de IU-Podemos, Eva Diez, defendió el comportamiento de su grupo frente a las críticas recibidas y aseguró que siempre han actuado desde el respeto institucional. No obstante, fue contundente al valorar los hechos, señalando que la concejala “no ha tenido respeto con las más de 700 personas cuyos datos fueron publicados”.
Diez calificó el caso como “bastante grave” y puso el foco en la “necesidad de reforzar la transparencia por parte del equipo de Gobierno”. A su juicio, “la falta de información clara y detallada ha generado confusión tanto en la oposición como en la ciudadanía, favoreciendo la aparición de interpretaciones erróneas”.
“Cuando no se hablan las cosas claras, la información se distorsiona”, afirmó, insistiendo en que la oposición tiene derecho a conocer con precisión cómo ocurrieron los hechos, por qué se produjeron y por qué no se informó previamente de manera adecuada.
Asimismo, cuestionó la gestión comunicativa del caso, recordando que la información trascendió públicamente a través de un periodista pese a que, según indicó, ya era conocida en el municipio con anterioridad. En este sentido, puso en duda el relato temporal ofrecido por el alcalde, asegurando que “antes del día 21 lo sabía todo el pueblo”, lo que apunta, en su opinión, a posibles filtraciones previas que deberían ser aclaradas.
Por Laguna de Duero
El portavoz de Por Laguna, Javier Muñoz, centró su intervención en una cuestión clave: el acceso al expediente por parte de la concejala. Muñoz cuestionó cómo pudo Castro consultar documentación que, según señaló, no correspondía a su área de gestión.
El portavoz planteó que “dicho acceso no pudo producirse de manera autónoma, sino que alguien debió facilitárselo, lo que abriría interrogantes sobre posibles responsabilidades adicionales dentro de la estructura municipal”. En este sentido, criticó que durante los últimos años el equipo de Gobierno haya defendido que los concejales solo pueden acceder a expedientes de sus respectivas áreas. “Si tenía acceso a un expediente que no es de su área, alguien se lo ha tenido que dar”, insistió, reclamando explicaciones claras sobre este punto.
Ante estas afirmaciones, el alcalde negó de forma tajante que el acceso se hubiera producido desde el gabinete de Alcaldía y aseguró que el caso fue una “sorpresa mayúscula” incluso para su propio equipo. Según explicó, tuvo conocimiento de los hechos a través del grupo Independientes por Laguna la noche previa a hacerse público el cese, en un intento —según relató— de “evitar reproches por falta de comunicación”. El pleno dejó patente la profunda división política en torno a este caso, con un equipo de Gobierno que defiende haber actuado conforme a la legalidad y una oposición que reclama más transparencia y responsabilidades. Mientras tanto, el proceso judicial continúa su curso y sigue condicionado por las limitaciones legales propias de este tipo de procedimientos.
Fotografía: Santiago Bermejo.
